El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, afirmó que, por día de bloqueo, Bolivia pierde más de $us 128 millones. Señaló que a este “perjuicio se suma el sabotaje de parte de algunos diputados y senadores de oposición y afines a Evo Morales, que en la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprueban hasta ahora un paquete de créditos por $us 700 millones para inversión pública y programas productivos”.
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, advirtió que el bloqueo de caminos protagonizado por afines a Evo Morales podría causar un desabastecimiento de combustible en el país. El jueves se reportó que alrededor de 130 cisternas, cargadas con al menos 5 millones de litros de combustible, se encontraban varadas en los diferentes puntos de bloqueo.
El último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas señala que, durante el tercer trimestre de 2023, la economía boliviana creció en 2,31%, con relación al mismo periodo de 2022. La entidad remarcó que el crecimiento se dio pese a un contexto internacional difícil, la persistencia de los conflictos armados en Europa, que repercuten en la economía mundial y que derivan en problemas inflacionarios. A lo que se suma el endurecimiento de las condiciones financieras y la desaceleración económica, como señales contemporáneas de la crisis internacional.
Bolivia da cumplimiento al fallo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y los transportistas con placa extranjera pagarán el mismo precio por los combustibles que sus pares bolivianos. Con esa medida, el Estado boliviano da cumplimiento a lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la CAN emitida en julio de 2023.
El número de trabajadores registrados en las empresas privadas a fines de 2023 aún continúa por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, se desconoce la cantidad de personas ocupadas en el sector informal o en trabajos por cuenta propia. En 2019, se registraron 521.789 trabajadores en el sector privado. El número cayó drásticamente para 2020, año en el que comenzó la pandemia. Para fines de 2023, la tendencia mejoró, alcanzando los 505.329 trabajadores, pero sin llegar a los niveles prepandemia.
El Gobierno nacional garantizó la continuidad de las subvenciones a los alimentos y combustibles por 10.503 millones de bolivianos, presupuestados para este 2024. El monto registra un incremento del 30% con relación a lo previsto en 2023. El presupuesto de 2024 prevé un gasto de Bs 9.803 millones para la subvención de hidrocarburos, un 28% más que en 2023, cuando se previó 7.642 millones. En cuanto a la subvención de alimentos, para este año se presupuestó Bs 700 millones, 60% más de los estimado para 2023, cuando se destinó Bs 437 millones.
La Procuraduría General del Estado asesora al Ministerio de Salud y a la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud para evitar un posible arbitraje de una empresa rusa que reclama por el pago de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19. El procurador César Siles informó que una de las primeras acciones pasó por reunirse con los representantes de la empresa extranjera para llegar a un acuerdo. El 30 de diciembre de 2020, Bolivia y el Fondo Ruso de Inversión Directa firmaron un contrato para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos recibió siete ofertas para el plan de Recuperación Mejorada de Petróleo, según señala el portal especializado BNamericas. De acuerdo al sitio, las empresas interesadas son Beicip-Franlab, DeGolyer & MacNaughton, Gesca, GLJ, Grupo Industrial de Tabasco, VYP Consulting Services e Y-Tec. Desde 2021, la petrolera estatal trabaja en el Plan de Reactivación del Upstream, el cual desarrolla 42 proyectos exploratorios, a los que se suman 29 pozos en campos maduros y cerrados para su reactivación.
YLB confirmó la versión divulgada por la periodista Amalia Pando en sentido de que la Planta Industrial de Carbonato de Litio se encuentra paralizada. En un comunicado, la estatal explicó que la paralización es parte de “una serie de paros programados” para la verificación individual de los equipos que componen el circuito de producción, en cumplimiento al cronograma de entrega definitiva del proyecto con la empresa ejecutora Asociación Maison/Cmec”. Hasta la fecha, en la industria se invirtieron más de $us 150 millones.
TRANSPORTE AÉREO
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte instruyó a Boliviana de Aviación brindar información clara y precisa sobre las tarifas de vuelos solidarios que publicitó ante la emergencia generada por el bloqueo de caminos liderado por Evo Morales. La orden fue emitida ante los reclamos de los usuarios en sentido de que la aerolínea no cumplió con lo ofertado. El 23 de enero, BOA anunció la habilitación de 23 vuelos solidarios en las rutas Cochabamba-Santa Cruz, y Santa Cruz- La Paz.
El vicepresidente David Choquehuanca convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados, y a los representantes de las tres fuerzas políticas con representación política a un encuentro que se realizará el lunes 29 de enero para abordar el tema de las elecciones judiciales. La reunión se desarrollará en la Vicepresidencia, a partir de las 15.00. Días antes de la convocatoria, la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la Organización de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, expresó su “grave preocupación ante el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales en Bolivia”. Por su lado, legisladores del MAS, afines a Evo Morales, enviaron una carta a la representante internacional pidiendo una reunión “urgente”.
Mario Aguilera asumió como gobernador suplente de Santa Cruz en reemplazo de Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en la cárcel de Chonchocoro de La Paz. En una sesión que no duró más de cinco minutos, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, posesionó a Aguilera en el cargo. El acto se realizó en cumplimiento de la Sentencia constitucional 1021/2023 y emitida a finales de diciembre por el Tribunal Constitucional, resistida al inicio. Antes del acto de posesión, el secretario de Desarrollo Económico, Édgar Landívar, y el asesor de Gestión, Efraín Suárez, renunciaron a sus cargos.
La Sala Constitucional del Tribunal de La Paz admitió una acción popular contra el expresidente Evo Morales, por la convocatoria a bloqueos, y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por no evitar los cortes de rutas. La figura fue interpuesta por el exdiputado Amilcar Barral.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que, si el expresidente Evo Morales respetaba los resultados del Referéndum de 2016, cuando ganó el No a su cuarta repostulación a la Presidencia de Bolivia, no se hubiese desatado la crisis política de finales del 2019. Sin embargo, Torrico remarcó que Morales no es responsable de las muertes ocurridas entonces en medio de la violencia desatada por afines al MAS.
Sectores afines al expresidente Evo Morales iniciaron el lunes el bloqueo de caminos en demanda de la renuncia de los magistrados autoprorrogados y la convocatoria inmediata a elecciones judiciales. De acuerdo a versiones de autoridades del Gobierno, el corte de rutas se concentró en el departamento de Cochabamba, pero interrumpiendo el tránsito hacia el departamento de Santa Cruz. Los mineros cooperativistas de Colquechaca, Potosí, afines a Arce anunciaron su decisión de desbloquear las vías interrumpidas. Por su lado, el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, pidió un cuarto intermedio a la medida de presión; de lo contrario – advirtió – “si se tiene que hacer frente, lo haremos”.
