El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó que en los últimos días se identificó el desvío de más de 500 mil litros de diésel, de los cuales el 90% estaría destinado a la minería ilegal, en el norte de La Paz. Precisó que se incautaron más de 15 cisternas, la última con más de 14.000 litros de diésel y que tenía como destino Caranavi. Otro operativo en Cochabamba detectó más de 9.000 litros del carburante en turriles. La autoridad añadió que se identificó a 30 vehículos que cargaron en menos de dos semanas alrededor de 300 mil litros del energético y que se detuvo al menos a 16 personas. Durante los operativos se aprehendió a 12 funcionarios de YPFB, sindicados por el presunto desvío de 91 mil litros de gasolina de la Refinería Guillermo Elder Bell de Palmasola, en Santa Cruz; sin embargo, la justicia determinó la libertad de los mismos porque no se encontró pruebas en su contra.En los últimos siete meses, la AHN incautó más de 700 mil litros de combustible desviado. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, admitió la existencia de un mecanismo de desvío de combustible que opera desde las estaciones de servicio y que genera un daño al país de alrededor de 250 millones de dólares.  Señalo que, en ese contexto, los productores agrícolas, que deben beneficiarse con la subvención a los hidrocarburos, compran el diésel en el mercado negro hasta en Bs 7.

Una delegación de la Unión Europea, del programa Global Gateway y de empresarios del viejo continente llegó a Bolivia para impulsar inversiones en el litio y proyectos socioambientales. La representación se reunió con autoridades del Gobierno nacional y representantes del sector privado, con quienes intercambiaron criterios para impulsar un mejor relacionamiento comercial público – privado.

El presidente Luis Arce agradeció a su par de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, por sus gestiones para lograr que el Senado brasileño apruebe el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. Los legisladores de oposición de Brasil solicitaron la conformación de una comisión que se traslade a Bolivia para verificar si el país cumple con las cláusulas democráticas que son un requisito para el ingreso al bloque económico. La comisión tiene 180 días para hacer su trabajo y constatar la presencia de presos políticos.

La Procuraduría General del Estado celebró la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de declararse incompetente para resolver la demanda que interpuso Soboce contra el Estado boliviano por la estatización de sus acciones en Fancesa. Gracias a ello, la Gobernación de Chuquisaca se libró de pagar una compensación de $us 269,4 millones de dólares. Soboce anunció que no renunciará sus derechos y pidió un “diálogo constructivo con las autoridades competentes” para liquidar la deuda.